Estrategia de intervencion para poblaciones afectadas por la violencia politica en zonas rurales

A mediados del mes de marzo del 2008, se culminó en Apurímac con la primera fase del Registro de Víctimas por la violencia política en la región. De acuerdo a este registro, los afectados directos por la violencia política en Apurímac suman 10,806 personas, donde cerca del 70 por ciento de los registrados fueron varones.

El 48 por ciento de los afectados, son personas que a pesar de la violencia vivida optaron por permanecer en sus comunidades, conservando sus parcelas, sus viviendas y parte de sus activos, aunque en su gran mayoría estas parcelas no son mayores a 1 hectárea. Estas personas experimentan hoy en día una economía basado en el autoconsumo, con una dieta generalmente basada en carbohidratos, y sopas, con una notoria ausencia de una dieta equilibrada.

Los productos producidos son en su gran mayoría, productos de bajo valor agregado y cuya producción esta netamente dirigida a un mercado local o para la venta a un intermediario del mismo, con lo cual sus ingresos mensuales no superan en su gran mayoría los 150 soles mensuales.

La problemática de los desplazados, no es lejana a la primera. Estas personas que migraron de sus comunidades, mayormente obligadas por causa del terror hacia las zonas periurbanas y urbanas de las principales ciudades, representan el 52 por ciento de los afectados. Esta población viven mayormente en casas alquiladas, ejercen diversos tipos de actividades en muchos casos, solo para subsistir. Estos pequeños emprendedores tienen un capital de trabajo de S/.30 como promedio y en su gran mayoría no cuentan con una formación que les permita desarrollar sus capacidades emprendedoras y articularlas hacia planes de desarrollo mayores.

Los afectados se dedican en su gran mayoría al trabajo de la tierra y crianza de ganado, además de dedicarse al rubro de comercio, mayormente venta ambulante, también desempeñan oficios menores, con producción netamente dirigida a abastecer a un mercado local, reducido y con poca capacidad de pago.

En general la población afectada por la violencia tienen por común un bajo nivel de productividad y competitividad para operar y gestionar sus unidades productivas por el desconocimiento técnico y de Gestión Empresarial así como una baja oportunidad de acceso a la capacitación técnica, presentan debilidades para planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar sus pequeños emprendimientos, no cuentan con un adecuado acceso a fuentes de financiamiento, debido a que al no tener activos no son sujetos de crédito de parte de las entidades financieras.

La limitada capacidad de los afectados para ofertar sus productos se debe principalmente a las limitadas capacidades técnico productivo así como la debilidad para la gestión de sus emprendimientos. La atomización de la oferta productiva y la carencia de un centro que congregue y brinde una asistencia directa que le de valor agregado a la producción de los afectados y los articule a un mercado mayor, así como una débil promoción e información de sus productos, explican ello.

Además, la violencia política tuvo sus graves consecuencias perjudicando a la organización comunal y las autoridades representativas, dejando como saldo el debilitamiento de las organizaciones comunales, ello agudizó los conflictos sociales, generó una crisis de liderazgo y ausencia de la participación ciudadana, de acuerdo al Plan Integral de Reparaciones de Apurímac.

Ello sumado a que la persistencia en el tiempo (más de dos décadas) de las secuelas del conflicto armado ha inhabilitado a los afectados como actores protagónicos de su desarrollo integral y sostenible. Estas secuelas se expresan tanto en la pérdida y/o debilitamiento del ejercicio de los derechos ciudadanos, como en la pérdida de capacidades y oportunidades de desarrollo personal; y La pérdida del capital social, material y productivo.

Si bien han transcurrido mas de dos décadas, las secuelas que trajo consigo el desplazamiento interno no han sido resueltas, por el contrario estas han profundizado la situación de pobreza y exclusión. Los procesos que debieron contribuir a la resolución integral del desplazamiento ya sea a través del reasentamiento y del retorno hasta el momento son inconclusos y precarios.

Hay que recordar que esta población sufrió la destrucción de la infraestructura económica y productiva, y tal como se informa en el PIR de la Región Apurímac: “La destrucción directa de tierras de cultivo básicamente se dio en aquellas que estuvieron orientadas a la producción agropecuaria de productos de consumo directo (cultivos de papa, maíz, habas, cebada, trigo y otros)”. Además, esta condición ocasiono el éxodo rural y el consecuente abandono de sus tierras y áreas pastoreo, así mismo, Sendero Luminoso impuso la propiedad colectiva en "granjas colectivas", reduciendo esto las áreas de producción y perdida de capacidad productiva local.

Como consecuencia del conflicto, el desplazamiento de estas poblaciones áreas más seguras ocasiono el debilitamiento y perdida de la estructura comunal y familiar, con ello el tejido social fue roto, así como los sistemas comunitarios de producción como la minca, el ayni, etc.

Ello redujo la capacidad productiva de los afectados, debilitó sus organizaciones y generó secuelas en su salud mental que deben ser atendidas a la par del desarrollo económico. Los afectados al centrar su producción dentro de una economía de auto subsistencia, uso de formas de producción tradicional o artesanal con insipiente tecnología, y estar desvinculados a mercados más grandes y con mayor capacidad de pago, entran a un círculo vicioso de pobreza.

Según información recogida en el Plan Integral de Reparaciones de Apurímac, en el plano individual se evidencia la depresión, sentimientos de desamparo, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y otras alteraciones emocionales como la angustia generalizada, temores, agresividad entre los afectados que se manifiestan en la relación que se establece con otros, en especial al interior de la familia.

En el plano familiar, una consecuencia importante ha sido la destrucción de la familia; provocando separación y la pérdida de algunos de sus miembros por desapariciones, muerte, amenazas, persecución (especialmente varones) y desplazamiento, por la necesidad de huir para proteger sus vidas. En el plano colectivo, el estado de desconfianza generalizada, temor, inseguridad, parálisis subjetiva y objetiva, generaron y/o agudizaron los problemas que ya existían en la comunidad como la pobreza extrema y los conflictos internos. Los vínculos interpersonales y los lazos de solidaridad fueron dañados. La identidad cultural se vio afectada por la imposibilidad de dar continuidad a las prácticas comunales, las costumbres y por tener que ocultar muchas veces el lugar de origen y el idioma.

Además, muchas comunidades silenciaron lo ocurrido por temor, lo cual ha dificultado su procesamiento y ha perpetuado a través de los años las secuelas dejadas por la violencia. Este proceso, quebró las redes de soporte comunitarias basadas en un sistema de organización y colaboración mutua. Estas no sólo permitían el intercambio de recursos y apoyo a nivel económico, cultural, informativo, afectivo, etc., sino que constituían un sistema de convivencia que posibilitaba la cohesión de las comunidades, la participación social, la organización, la recreación de su cultura y, en general, el desarrollo colectivo.

La población afectada por la violencia política se encuentra en una situación sumamente vulnerable y en riesgo social, debido a que existen indicadores económico-sociales que demuestran que dicha población se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, en muchos de los casos. Es por ello necesario que se impulsen distintas políticas de apoyo para que la población mejore su situación actual.

Es por esta razón que la intervención en esta población debe hacerse desde un punto de vista integral, estrechando las acciones del área de Salud Mental y aquellas dirigidas a una mayor generación de ingresos, debido a que un alto porcentaje de los afectados aun viven con las secuelas de la violencia y ellos les impide realizar sus actividades de generación de ingresos normalmente y es que se enfrentan problemas de salud mental donde la violencia política vivida trajo consigo problemas colaterales, bastante acentuados en la zona, como es el estrés, depresión, ansiedad que recaen en violencia familiar, desintegración familiar y el alcoholismo.

La condición de pobreza, traducido en bajas capacidades técnico productivas y de gestión de sus emprendimientos, sumados a los problemas de salud mental que vive esta población, además de su dispersión geográfica, los hace invisibles a los proyectos de desarrollo.

Es por ello, que todo proyecto dirigido a esta población debe proponer el fortalecimiento de las organizaciones provinciales de afectados, y así poder llegar a aquellas personas dispersas. Además debe fortalecer a las Direcciones Regionales de Trabajo y a las Direcciones Regionales de Salud, para ello, todo proyecto debe plantear un entrenamiento a los afectados a través de los diferentes modulos demostrativos que se desprendan de los Corredores Económicos, las Potencialidades Regionales y las Cadenas Productivas identificadas por cada zona económica.

Para el caso de las zonas rurales y dependiendo de cada región, estas pueden darse a través de los siguientes módulos demostrativos como son: tejidos planos, joyería artesanal, artículos decorativos y utilitarios, cerámicas, crianza del cuy, fruticultura, apicultura, productos lácteos, panificación, mermeladas y cuidados de la minería artesanal.

En estos espacios trabaja la mayoría del grupo de afectados, también son parte de los corredores económicos de las regiones y son considerados como potencialidades regionales dentro de los Planes Regionales de Desarrollo Concertado.

Todo proyecto debe buscar con ello, asignarle mayor valor agregado a su producción actual de los afectados, enseñar a aquellos interesados en incursionar en nuevos temas productivos, articularlos a mayores mercados, con mayores volúmenes de producción, bajo una metodología adecuada a la realidad rural y de pequeños emprendimientos.

Dado que es una población que vive un periodo de estrés post traumático, debe incluirse una estrategia de Salud Mental Comunitaria, dirigida a fortalecer los lazos comunales y del entorno más cercano del afectado, aliviando a su vez sentimientos de estrés, ansiedad, depresión, dentro de una Cultura de Paz.